Ordenamiento territorial


El ordenamiento territorial es una normativa, con fuerza de ley, que regula el uso del territorio, definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que se ha dividido el territorio, ya sea: el país como un todo, o una división administrativa del mismo.

El capital social necesario para el desarrollo humano de estas zonas incluye dos dimensiones: horizontal o comunitario, que se refiere a la base y vertical que se refiere a los vínculos con los distintos niveles de la sociedad, el mercado y el estado. Los distintos pueblos indígenas, comunidades étnicas, y los pueblos asentados en las regiones autónomas de Nicaragua han seguido diferentes rutas para ir formando su capital social. Estos procesos han dado lugar a diferentes configuraciones de organización comunitaria y participación social.

Aunque todos reconocen formalmente la legitimidad de la organización social-comunitaria indígena representada por Consejo de Anciano, juez comunal o wihta, síndico, sukia, pastor, policía comunal, en la práctica la tendencia ha sido la de impulsar el desarrollo de nuevas estructuras organizativas en las comunidades. Estas nuevas estructuras comunitarias están vinculadas por un lado con la emergencia de nuevos actores en el ámbito de poder comunal (mujeres y jóvenes) y por otro lado con la emergencia de nuevos temas en las agendas comunitaria como desarrollo sostenible, gestión de recursos naturales, relaciones de género, violencia intra-familiar, consumo de drogas y VIH-SIDA.

Estos procesos han dado lugar a una transición en las formas de capital social regional, pasando de formas comunitarias tradicionales, a forma más especializadas y complejas. Como resultado, se han venido desarrollando territorios biétnicos y multiétnicos. Esto significa un desafío en la medida en que esos nuevos espacios tienden a traslaparse, conjugando formas de pertenencia, organización, representación y autoridad para ir creando nueva paradigmas de capital social y desarrollo humano autónomo.

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