FADCANIC: Investigación acerca de la Costa Atlántica de Nicaragua

En Octubre de 1998, Nicaragua es un país afectado por conflictos sociales y políticos, que busca paralelamente superar la difícil situación socioeconómica que arrastra desde que salió del conflicto armado que asoló el país por más de tres décadas. En efecto, la coyuntura está signada por conflictos laborales de consideración y la fragilización de los liderazgos políticos.

La Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE) otorga alivio de la carga de la deuda multilateral (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo) para países pobres que demuestran un sólido esfuerzo de crecimiento con equilibrio macroeconómico y que, no obstante, tienen niveles insostenibles de deuda.

El compromiso formal para optar a esa iniciativa fue establecido con el Fondo Monetario Internacional por Gobierno de Nicaragua en 1997, mediante la firma del Programa Reforzado de Ajuste Estructural. En ese año, el Producto Interno Bruto (PIB) experimentó el crecimiento más alto de los años noventa (5.0%), reflejando un clima de reactivación económica que, sin embargo, había tardado en hacerse presente en el país (desde el cambio de 1990).

Este retraso se manifestó claramente durante el primer quinquenio de la década. En efecto, la presunción de que la derrota electoral del gobierno sandinista iba a permitir un rápido despegue socioeconómico no se cumplió cabalmente. De hecho, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nicaragüense pasó del retroceso durante los cinco últimos años de los ochenta (promedio de -3.7%), al estancamiento en el primer quinquenio de los noventa (promedio del 1.1%), lo que mantuvo negativo el crecimiento del PIB por habitante.

Ello significó un grave deterioro de la situación social, producto tanto de los aspectos que dependen directamente del mercado económico (el desempleo creció hasta suponer un cuarto de la Población Económicamente Activa - PEA), como de los aspectos que se refieren a las políticas públicas.

El informe oficial sobre políticas sociales afirmaba en 1995 que, los desembolsos presupuestarios para el gasto social bajaron su participación porcentual respecto al PIB, o sea, que el sector social se rezagó de la riqueza producida en el país. Al introducir en este escenario la variable dinámica de la población, es obvio pensar que la inversión per-cápita en educación y salud sufrió una reducción y que esto lógicamente acentuó las tensiones sociales.

Sin embargo, desde 1995 comenzó a mostrarse un proceso más firme de recuperación económica, cuyo punto más alto fue el mencionado de 1997 (crecimiento del Producto Interno Bruto - PIB del 5.0%). La inversión exterior y la repatriación de capitales se orientaron hacia actividades específicas de producción de bienes y servicios, especialmente al sector de la construcción. Al mismo tiempo se lograron resultados en la lucha contra la inflación, en 1997 se redujo ésta en un dígito.

No obstante, ese crecimiento volvió a relentizarse durante el año 1998, antes de la llegada del huracán Mitch. El Banco Central de Nicaragua había estimado a fines de 1997 que el PIB de 1998 crecería en un 6.0%, pero en Octubre, esa estimación se rebajaba al 4.0%, debido sobretodo, al deterioro de la agricultura en los tres primeros meses del año y a un crecimiento menor de lo esperado en el sector secundario. Aún así, el Gobierno de Nicaragua, en cumplimiento de sus compromisos realizó un importante avance en el saneamiento de las finanzas públicas, mediante la elevación de los ingresos tributarios y la contención en el gasto público.

En todo caso, existe consenso en Nicaragua con relación a que la recuperación económica en el marco del ajuste estructural no está produciendo una mejoría paralela de la situación social. Así se plantea en 1997, en la presentación de la Política Social del Gobierno de Nicaragua, donde se afirma que, Nicaragua se encuentra ante la necesidad de precisar una estrategia que armonice el crecimiento económico sostenido y su positivo impacto sobre el nivel general de vida, con una actuación gubernamental diseñada para atender las necesidades urgentes de los más pobres que, por su condición, no tienen acceso a los servicios sociales básicos.

En realidad, existen indicaciones importantes de que el deterioro social siguió avanzando en Nicaragua en el transcurso de los años noventa. Un primer análisis se realizó a partir de los resultados del Censo de 1995 por parte de la Secretaría de Acción Social de la Presidencia de la República, según el cual, mediante el “método de necesidades básicas insatisfechas”, la pobreza había crecido en Nicaragua durante los primeros años noventa, hasta alcanzar en 1995 al 82.3% de los hogares nicaragüenses, entre los cuales, un 54.7% estaría en condiciones de extrema pobreza.

Otro análisis (María Rosa Renzi y Sonia Agurto, 1997) señala también un aumento del crecimiento de la pobreza entre 1993 y 1996: en síntesis puede afirmarse que la tendencia observada en los niveles de pobreza de los hogares de Nicaragua, sugiere no sólo un agravamiento de los niveles de la pobreza más extrema, sino que comienza a visualizarse con mayor intensidad la pauperización de los sectores medios. Una evidencia palpable de esa premisa lo constituye el incremento de más del doble en la proporción de hogares en pobreza reciente en 1996 con relación a 1993, contrastando con una reducción de 8 puntos porcentuales en la proporción de pobreza inercial entre esos mismos años.

También, puede apreciarse esa tendencia en términos comparativos. Según el análisis mundial del Indice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Nicaragua ocupaba en 1991 el lugar 85 de una escala de 160 países y en 1996 había descendido a la posición 116, por debajo de todos los países centroamericanos. Es decir, una caída considerable (32 lugares) en un índice que no sólo mide pobreza económica directa.

Existe coincidencia entre las distintas fuentes macroeconómicas, acerca de que los altos niveles de pobreza son mucho más graves en el campo, donde se concentran los mayores niveles de extrema pobreza. Según la Comisión Económica y de Población de América Latina (CEPAL), la interacción entre pobreza, presión demográfica y medio ambiente, ha causado en gran medida, deforestación y avance de la frontera agrícola; la población más pobre, frecuentemente busca formas de sobrevivencia en áreas de mayor fragilidad ecológica; las tradicionales migraciones rural-urbana y rural-rural, dirigidas hacia la frontera agrícola, han generado gravísimos desequilibrios en la distribución espacial de los asentamientos humanos y ejercido presiones adicionales sobre los recursos naturales.

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